El futuro de la educación pública universitaria

''¡No nos quitarán el derecho a protestar!'', ''¡Viva la Universidad! ¡Fuera la bota militar!'". Este ha sido el grito de centenares de estudiantes en las calles de Caracas ante la inevitable aprobación de la nueva Ley que pretende regular a las Universidades Públicas en aquel país, y lo que es más lamentable, promover la ideología socialista en las mismas a través de las reformas legales correspondientes. Nos parece lamentable este tipo de actitudes autoritarias del régimen oficialista, con la aprobación de este tipo de leyes que van en contra de la libre discusión de ideas imponiendo una ideología a los centros universitarios. Recordando un poco la historia mexicana, este experimento fue realizado a mediados de los años treinta en México, durante el régimen político del General Lázaro Cárdenas, con las reformas que pretendían implantar la educación socialista en nuestro país. Dicho experimento duró pocos años y fue duramente reprimido en ese entonces por el gobierno mexicano.

El deterioro progresivo del apoyo a la educación superior universitaria ha sido una constante no solamente en nuestro país, sino incluso en los países desarrollados de la misma Europa. El día de ayer, estudiantes italianos han protestado en contra de la reforma Gelmini, que propone reducir el presupuesto a las Universidades Públicas en los recursos destinados a la investigación y a los centros públicos, incluso en la misma Inglaterra, hace unas cuantas semanas, el Gobierno de aquél país, que había prometido en campaña no aumentar el costo de la matrícula universitaria, aumentó tres veces más de su costo. En México, el presupuesto a las Universidades Públicas no ha sido suficiente para abastecer a los Centros Universitarios, se habla de una grave y aguda crisis, de déficits económico.

Creemos que es lamentable y paradójico que a pesar de que el discurso político de los Gobiernos siempre es a favor de los recursos públicos a la educación, esto no se demuestra en los hechos. Parece estar demostrado que la mejor medicina para combatir la marginación y la pobreza es la misma educación, estos argumentos son bastante sordos cuando se esta en crisis. Sin embargo, parece ser que la generación de los jóvenes que nacimos hace un poco más de dos décadas siempre hemos estado en crisis, y esta parece nunca acabar, por consiguiente, los recortes financieros son más inmensos y la brecha educativa es más inmensa que nunca, pareciera ser que la lógica del mercado se ha vuelto cada vez más irracional. Esperemos que la educación como un derecho social fundamental en nuestras sociedades contemporáneas, y más ahora en nuestro país, vuelva a ser revalorado ya no solo por nuestros políticos, sino en conjunto por nuestra sociedad, para volver a exigir nuestros derechos que por apatía, lndiferencia y el sordo egoísmo a "los otros", que venimos cargando por muchas décadas nos haga recordar que cada vez son más los olvidados y marginados en este país, que en ocasiones lo único que buscan son mejores oportunidades, y que en muchas ocasiones, la necesidad de supervivencia hace que sus vidas cambien drásticamente. Por el bien de todos, esperemos que así sea.

Hoy: día internacional de la violencia en contra de la mujer

Lo que son para el hombre el color, la raza, la religión o la nacionalidad en los países conquistados, es el sexo para todas las mujeres en todo país; una exclusión radical de casi todas las ocupaciones honrosas. Los sufrimientos que se engendran de estas causas despiertan de ordinario tan poca simpatía, que casi nadie se ha fijado en la suma de dolores y amarguras que puede causar a la mujer el convencimiento de una existencia fallida y ahogada; […] Cuando considero el daño positivo causado a la mitad de la especie humana por la incapacidad que la hiere, la pérdida de sus facultades más nobles y de su felicidad posible, y el dolor, la decepción y el descontento de su vida, comprendo que, de lo mucho que falta al hombre por luchar para vencer y disminuir las miserias inseparables de su destino sobre la tierra, lo más urgente es que aprenda a no recargar, a no agravar los males que la naturaleza le impone, con egoísmos, injusticias y celosas preocupaciones que restringen mutuamente su libertad y la de su compañera.
John Stuart Mill, La esclavitud femenina, Capítulo XXXVI.

Hoy es el día internacional de la violencia en contra de la mujer, declarado así por un conjunto de naciones latinoamericanas y del Caribe durante los años ochenta en recuerdo a la triste masacre del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha definido a la violencia contra la mujer como: "todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía privada".

Quisieramos ser positivos el día de hoy, sin embargo, con enojo y rabia manifestamos nuestro desprecio hacia aquellas actitudes indiferentes de las autoridades que han coordinado institucionalmente la discriminación de género en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hablamos de los feminicidios aún no resueltos por la Procuraduría de aquel Estado, así como la complicidad de todos los aparatos gubernamentales que se encuentran inmersos en las supuestas investigaciones, que ni el Gobierno Federal como local se atreven a transparentar, porque, tal y como aseveran la mayor parte de los investigadores serios en este país: "el corazón de la impunidad en este país reside en el Ministerio Público".

Tal y como hemos advertido en otros estudios presentados en esta misma Aula Virtual, existe una violencia de género institucionalizada en Ciudad Juárez Chihuahua. La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha encargado de poner a México en los reflectores internacionales por la condena al feminicidio en aquella ciudad fronteriza. Pero quizá lo más lamentable, es que aún no se han encontrado culpables y lo que es peor, existe negligencia de las autoridades para investigar, se han fabricado culpables, además, existe una negativa para exigir responsabilidades a los servidores públicos por las negligencias ocurridas con motivo de esas defectuosas averiguaciones.

"A partir de la información disponible en el expediente ante la Corte, se concluye que no se ha investigado a ninguno de los funcionarios supuestamente responsables por las negligencias ocurridas en el presente caso. En concreto, no se han esclarecido las graves irregularidades en la persecución de responsables y en el manejo de las evidencias durante la primera etapa de la investigación. Ello hace aún más manifiesta la situación de indefensión de las víctimas, contribuye a la impunidad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata" (Parr. 378 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Pareciera que las autoridades en nuestro país asumen la mentira y la simulación como verdadera mística en su actuar cotidinado. Sin embargo, bien cabe recordar la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, que con cierto pragmatismo afirmaba: "... toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia mediante la abolición de las formas a las que está acostumbrada". Esperemos que la paciencia y la esperanza de las víctimas, así como de todas aquellas personas que sufren por la ineptitud de autoridades en estos crímenes, no se acabe o se termine desviando por cauces violentos.

AVDF

México, de nuevo culpable

El hombre es el más desnudo de todos los seres. No es nada más que voluntad, deseos encarnados, un compuesto de mil necesidades y he ahí que vive sobre la tierra abandonado a sí mismo, inseguro de todo, excepto de su miseria y la necesidad que le oprime. A través de las imperiosas exigencias renovadas a diario, los cuidados de la existencia llenan la vida humana. Con paso inquieto, echando en torno suyo miradas de angustia, sigue su camino en lucha con el azar y con enemigos sin número. Así va a través de las sociedades salvajes; así va ahora en plena vida civilizada. No hay para él seguridad alguna.

Schopenhauer, Dolores del Mundo.

Este viernes 1 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó dos sentencias condenatorias en contra del Estado Mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano. La condena a México es por haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. Básicamente, se trató de la responsabilidad del Estado para el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada en el momento de la presentación de la denuncia penal. Asimismo, la CIDH advirtió de igual forma, que el Estado mexicano incumplió la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales.

Dos sentencias, que esperemos, tengan ecos en los oídos sordos de servidores públicos (incluidos los servidores de la administración pública y algunos del mismo Poder Judicial Federal) que se han mostrado apáticos y sordos ante el eco de Organismos Internacionales que denuncian y condenan el abuso de parte de malos integrantes de esta noble institución como lo es el ejército mexicano. No nos queda más que confiar en la buena voluntad del gobierno mexicano para de una vez por todas, reparar los daños y violaciones a los derechos humanos ocasionados a este grupo indígena.

Quizá una de las principales dificultades en los últimos años, ha sido la incapacidad de los ciudadanos para contar con la información que nos ayude a esclarecer de manera debida y certera cada una de estas violaciones a los derechos fundamentales. Esto sin duda alguna, ha generado suspicacia y gran recelo de parte de la opinión pública, ya que si no se cuenta con información veraz y oportuna de parte del gobierno, se comienzan a generar un sinnúmero de especulaciones (que pudieran resultar ciertas o no) en torno a la indebida actuación de determinados miembros del ejército mexicano.

Es en estos momentos cuando debemos pensar hacia donde queremos dirigirnos como nación, tal y como afirmaba el nobel de literatura mexicano, no nos queda sino la desnudez o la mentira. Seguir con la mentira oficialista de que la actuación desesperada, y en ocasiones arbitraria, en contra del crimen organizado va por buen camino, es cuestión de un debate más intenso, pero quizá lo que en esos momentos falte, sea una discusión pública sincera y abierta sobre lo que estamos dispuestos a sacrificar como ciudadanos comprometidos y responsables de este malestar que nos aquejó por varias décadas de manera silenciosa, y ahora parece asomarse bajo todas las manifestaciones de desintegración social, estallidos criminales y desgajamiento del Estado de Derecho. Todos los siglos son este presente. Hoy más que nunca, ha llegado el momento de decidir si ese presente se va al abismo junto con las buenas desesperadas intensiones del gobierno, sin compromiso social, o si somos capaces de asumir nuestra responsabilidad de esa libertad amenazada.

¿Y quién rayos es la Corte Interamericana?

El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó pasar de nueva cuenta la oportunidad para revisar los alcances del fuero militar en relación con el fuero civil respecto de la Sentencia en el Caso Rosendo Radilla, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de una semana intensa de discusión legalista de parte de la mayoría de los ministros que integran nuestro llamado Tribunal Constitucional, la discusión perdió la intensidad que había tenido la primera semana, y finalmente, se determinó que no se analizarían la interpretación del artículo 13 constitucional, así como lo establecido en el artículo 57, del Código de Justicia Militar, en torno a los alcances del fuero militar.

Una vez más, la SCJN ha perdido su oportunidad histórica de asumir su responsabilidad que tiene con la sociedad mexicana, sobre uno de los temas más controversiales en la actualidad. Quizá la principal interrogante de la Corte, más allá del verdadero análisis constitucional de fondo que se debió realizar al respecto sea más político y sumamente alejado del compromiso real con la sociedad mexicana. Habrá que explicarles a algunos de los ministros entonces, quién rayos es la Corte Interamericana, y de pasada, darles unas lecciones de derecho internacional y comparado para que de una vez por todas se den cuenta de la oportunidad que han dejado pasar para legitimar el Poder Judicial Federal que ni siquiera tiene un grado aceptable de legitimidad social y que ni por asomo desea tenerlo, dadas las constantes negativas para evadir los verdaderos problemas de fondo que aquejan al país.

Por fin, un juez...

En la puerta de cada sala hay un vigilante y, conforme avanzas,

los que vas encontrando son más poderosos que los que dejaste

atrás... El hombre de provincia no pensaba encontrar tantas
dificultades; creía que la ley debía ser accesible a todo el mundo
y en todo momento... Entonces el vigilante le da un taburete
y le hace tomar asiento a un lado de la puerta. Está allí sentado
desde hace muchos años.
Kafka, El Proceso.

Desde la semana pasada y el día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado debatiendo uno de los principales temas emblemáticos y paradigmáticos para la vida pública del país, se trata de la sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del Estado mexicano, que lo obliga a revisar el fuero militar (Caso Rosendo Radilla, -publicada ya en este mismo espacio-). Situación que ya había sido evadida en un amparo en revisión (988/2009, con excepción de los ministros a favor del análisis constitucional). Particularmente, resultan de importancia los párrafos 340 y 341 de la misma.

340. De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. 272 a 277).
341. Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La situación es inigualable, se le presenta la oportunidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el debatir sobre los alcances del fuero militar en relación con el fuero civil. El primer meollo legaloide que fue resuelto el día de hoy, por una mayoría de siete votos contra cuatro era la obligación que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de la sentencia, respondiendo favorablemente a la pregunta realizada por el ministro Presidente de la Corte: "¿Si en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se determinan obligaciones directas y específicas a cargo del Poder Judicial de la Federación podríamos motu proprio, proceder a su cumplimiento, sin coordinarnos necesariamente con los otros dos poderes de la Unión?". Es decir, en relación con la interpretación constitucional del fuero militar.

Manifestamos nuestro profundo respeto a aquéllos ministros que se atrevieron a entrar al debate constitucional (o al menos eso parece) que deberá servir para ir fijando los límites y extensiones jurisprudenciales adecuadas de la jurisdiccion militar, pues habían existido diversos precedentes sobre violaciones a los derechos humanos, que incluso actualmente están en etapa de juicio ante la Corte Interamericana y que versan sobre investigaciones realizadas por la jurisdicción castrense en distintas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del ejército mexicano.

El punto medular de la discusión que se iniciará el día de mañana en la Corte (bueno, es lo que esperamos con ansias), consistirá en determinar si es aplicable la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual afirma que los militares que realizan tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia, y que cometan delitos que afecten a civiles, deberán ser juzgados por jueces civiles y no por tribunales militares, como actualmente sucede en México.

La futura resolución que tome nuestra Corte será fundamental y de gran peso e impacto político, confiemos en las buenas razones y una argumentación razonable de los ministros para que pueda darse una buena decisión apegada a los criterios internacionales y las necesidades reales de respeto a los derechos fundamentales de las personas que han sufrido y sentido en carne propia, la fuerza desmedida del Estado, a través de la fuerza militar, en aras de garantizar la seguridad de todos, y peor aún, que han esperado años y décadas a raíz de la justicia dilatada por la complicidad y compadrazgo de las autoridades responsables. Confiemos en nuestra justicia dilatada, que quizá ni el mismo Kafka pudiera haber imaginado.

La fatalidad del bien y la buena voluntad

Lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar su existencia. Una vez hecho esto, ya no se sabe qué hacer. La vida es un mar lleno de escollos y remolinos, que el hombre sólo evita a fuerza de prudencia y de cuidados, por más que sabe que si consigue librarse de ellos con su habilidad y sus esfuerzos, a medida que avanza, no puede, sin embargo, retardar el grande, el total, el inevitable, el irremediable naufragio, la muerte, que parece correr delante de él. Ése es el fin supremo de esa laboriosa navegación, peor para el hombre infinitamente que todos los escollos de que se ha librado.

Dolores del mundo, Schonpenhauer.

El día de ayer, nos enteramos por distintos medios de comunicación y comunicados de prensa por parte del Gobierno Federal, de la muerte de dos personas en el Estado de Nuevo León por militares del ejército mexicano. Se trata del Sr. Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y su hijo, Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años. La causa de la muerte: no haberse detenido en un retén militar. Al respecto, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa, en una entrevista realizada el día de hoy expresó: "El militar su tarea es estar en el retén y que ningún vehículo pase sin ser revisado, desgraciadamente pasó esta tragedia que debe ser investigada por la autoridad competente donde fallecieron dos personas". Sobre este punto, nos surgen bastantes interrogantes sobre las que ya hemos mostrado nuestro descontento en otras ocasiones, básicamente son las siguientes.

¿Al mando de quien está la fuerza militar que actúa en estos operativos? ¿Qué leyes, reglamentos y tratados fundamentan el uso de la fuerza pública civil y militar en estos operativos? ¿Tiene la autoridad que organiza estos operativos un protocolo preestablecido y bien diseñado para el uso de la fuerza? ¿Qué significa no dejar pasar a ningún vehículo? ¿implica el uso letal de las fuerzas armadas? ¿Se obliga a los militares a hacer uso de la fuerza letal a aquéllos vehículos que no se detengan en dichos puestos de revisión? ¿quién da las órdenes y bajo que protocolos se guían? y en caso de existir, ¿son públicos? ¿cada cuando los publican?

Sabemos por precedentes constitucionales (acción de inconstitucionalidad 1/96), que la autoridad militar puede intervenir para el combate de la criminalidad, siempre y cuando permanezca en todo momento a las órdenes de la autoridad civil, aún cuando el artículo 129 de la CPEUM pudiera intentar decir otra cosa. Sin embargo, dada la declaración política de guerra (puesto que no puede declararse la guerra constitucionalmente hablando a un poder ilegal y de facto) al crimen organizado y al narcotráfico, realizada por el Presidente Constitucional de México, el empleo de la fuerza militar ha sido cada vez más recurrente como política de combate a estos grupos delictivos.

Estamos de acuerdo parcialmente con las actividades progresivas de empleo del ejército en estas actividades, sin embargo, con lo que disentimos profundamente, es con las medidas desproporcionales, innecesarias e irracionales que son tomadas en muchas ocasiones por el ejército mexicano, especialmente cuando se trata de puestos de revisión. Recordemos que en el Estado de Nuevo León, ya han ocurrido otras muertes, bajo el mismo supuesto de no detención cuando se trata de puestos de revisión. Dicho esto, volvemos a la interrogante inicial: ¿de quienes reciben ordenes los militares que hacen uso de la fuerza letal en contra de familias que transitan en sus vehículos y que desobedecen una señal de alto de parte de las autoridades que realizan estos operativos? ¿constituye sólo un error o es la política de Estado de combate de no dejar pasar a ningún vehículo sin revisar? ¿constituyen las ráfagas de fuego constantes e incluso de provocar la muerte una medida proporcional y necesaria para preservar la seguridad nacional y la de todos los habitantes de nuestra República? ¿se guían por lo menos bajo los estándares de la causa probable o hacen uso del Protocolo del uso de la Fuerza Pública de la ONU, signado y ratificado por el Estado mexicano?

De acuerdo al comunicado emitido el día de ayer y hoy por el ejército y la Presidencia de la República, ésto constituyó un error, uno de esos errores fatales de esa buena voluntad que pretende acabar con el temor e inseguridad de los millones de personas que habitamos México. Nuestro comandante supremo pidió disculpas; el ejército también, sin embargo, desde nuestra perspectiva, no es suficiente, necesitamos juzgar a los culpables, pero no solamente a los militares que cometieron los supuestos "errores", ya que ellos actúan obedeciendo órdenes directas y sin contemplaciones, esa quizá sea nuestra principal interrogante: ¿quien emite la orden de disparar a matar a un grupo de civiles, a una familia indefensa y que por un descuido y por la fatalidad del bien de esas políticas públicas del gobierno de cero tolerancia, perdieron la vida? Eso debería ser la verdadera transparencia, el saber y estar conscientes el cómo estamos combatiendo al crimen organizado, para estar preparados para lo que viene, y no la demagogia oficialista de publicidad conmovedora dirigida al morbo carismático de la gente que teme por su vida casi a diario en esta inseguridad colectiva. Dicen que en la guerra todo se vale, si es así el pensamiento de quienes dirigen a las fuerzas armadas en su lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico, queremos decir que nos dan lástima y nos causan repugnancia, una política de estado sin reglas, es igual de inseguro que la misma inseguridad que pretenden combatir.

Temario Derecho Internacional Público 2010

Plan de Estudios-dip