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sábado, 15 de mayo de 2010

El derecho a la migración como derecho fundamental y la Ley Arizona

Uno de los principales autores en materia de derechos fundamentales, Luigi Ferrajoli, se ha referido al derecho a la migración como un derecho fundamental, cuando éste hace referencia al proceso histórico que separa los derechos fundamentales de los derechos de ciudadanía. Y aunque suene paradójico, hace siglos el derecho de circulación y de migración, sirvieron para legitimar la conquista, colonización y explotación del nuevo mundo y del planeta. Hoy sirven para evitar la molesta inmigración a los países desarrollados.
Desde nuestra perspectiva, la Ley Arizona que criminaliza la migración en aquél Estado, resulta violatoria de los derechos humanos de los migrantes, ya que tipifica la migración como una conducta antijurídica, culpable y punible por el aparato coercitivo del Estado.
Ahora bien, muchos podrán preguntarse, ¿por qué viola los derechos humanos de los migrantes? Quizá esa sea la respuesta más compleja de responder si permanecemos en viejos esquemas legalistas y formalistas bajo los cuales se concibió el derecho por largos años. La respuesta no podremos encontrarla únicamente en la interpretación literal o simplista de la Ley. Debemos realizar un ejercicio hermenéutico más profundo para desentrañar cuál ha sido la evolución del derecho a la circulación, así como sus profundas repercusiones y necesidades sociales. Es decir, entender en una justa dimensión del derecho y la realidad constitucional, así como de la sociología del derecho. Solo nos queda esperar que esta Ley no fomente los odios en contra de la población latina en nuestra nación vecina y pronunciarnos públicamente cada vez que podamos, en contra de los actos racistas y xenofobos, tal y como lo es la Ley Arizona.

El juez ante la justicia

El día de ayer (14 de mayo), nos enteramos de la suspensión del Juez Baltasar Garzón por el Consejo del Poder Judicial de España, para poder seguirle un proceso por el delito de prevaricación. Situación que desde esta modesta herramienta académica reprobamos. Sin embargo, confíemos en que los intereses particulares de quienes han resultado afectados por los procesos seguidos por el Juez Garzón no sean mayores a la misma justicia. Les invitamos a conocer más a detalle el excelente micrositio que ha abierto el Diario el País, donde se contienen a detalle el historial de este caso, así como algunos documentos de gran relevancia que serán bastante útiles para comprender la dimensión de este gran caso. El micrositio puede abrirse haciendo click aquí.

jueves, 8 de abril de 2010

La injusticia ¿también es derecho?

El día de hoy nos enteramos por la prensa (Diario el País), del proceso que se le está llevando a cabo a uno de los jueces más respetados y de mayor autoridad moral en España por el delito de "prevaricación". De inmediato que supimos de esta situación, acudimos al diccionario para saber que es lo que significa gramaticalmente este delito. Encontramos lo siguiente: delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. Posteriormente acudimos al Código Penal Español, que en su artículo 404 dice: "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

En ambas definiciones está explícito un elemento: la suposición de una resolución injusta o una actuación calificada de "injusta". Dicho calificativo resulta bastante fuerte y con un alto contenido moral que sin duda alguna, nos lleva a una cuestión bastante controversial: un delito por el cual un servidor público es juzgado a sabiendas que comete una "injusticia". Con el paso del tiempo, el Tribunal Supremo de aquel país ha delineado los criterios por medio de los cuales ha considerado que se comete dicho delito, destaca la sentencia 674/1998, por medio de la cual se podía incurrir en ese tipo penal como un delito de comisión por omisión.

Al juez Baltasar Garzón se le acusa de no respetar una Ley de Amnistía en favor de los servidores públicos que participaron en los crímenes durante el franquismo, motivo por el cual pretenden encuadrar esa omisión (así lo suponemos) con el referido delito. Numerosos grupos de personas en la península ibérica han manifestado su desprecio hacia el proceso que se le está llevando a cabo a este juez, creando incluso Grupos de apoyo en las redes sociales de mayor influencia.

Desde este pequeño espacio, manifestamos nuestro apoyo a uno de los jueces con mayor honorabilidad y con los suficientes arrojos (por no decir otro calificativo más fuerte) que se ha atrevido a llevar a juicio a políticos corruptos, genocidas, terroristas y empresarios corruptos. Sin duda alguna, en el duro andar de la justicia se pisan bastantes intereses. Coincidimos con la opinión unánime de la prensa crítica y de aquellos que les tocó vivir de manera directa o indirecta el franquismo, cuando expresan que sería más justo llevar a proceso a todos aquellos jueces que no han tenido las suficientes agallas para condenar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, que por cierto, son ahora quienes llevan al juez Baltasar Garzón al banquillo de los acusados.

Sin duda alguna, se trata de un caso controversial, en donde los principios de justicia y la legalidad (respeto a la Ley de Amnistía) estarán en colisión, recordemos el caso de los centinelas del muro de Berlín en Alemania y la aguda y extensa crítica positiva realizada por los filósofos del derecho Robert Alexy y Luis Vigo a favor del Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se resolvió el caso, en donde se encontraban en colisión precisamente el derecho a la seguridad jurídica (no retroactividad de las leyes penales en perjuicio del inculpado) frente al principio material de justicia. Por lo pronto, esperemos por las miles de personas que han padecido de la arbitrariedad de gobiernos totalitarios, y sobre todo por aquellas familias que siguen clamando por justicia, por toda la familia humana, esperemos que la resolución definitiva por los tribunales de aquél país, rectifique y declare finalmente que la injusticia extrema, no puede seguir siendo derecho.

AVDF

domingo, 21 de marzo de 2010

El día de hoy, nos enteramos por la prensa acerca de la muerte de los dos estudiantes de posgrado que fueron asesinados la madrugada del 19 de marzo en el TEC de Monterrey, en estos momentos nos acabamos de enterar de más personas muertas por el fuego cruzado entre sicarios y el ejército mexicano. Sin duda alguna, el tema del crimen organizado y la intervención de nuestras fuerzas armadas para su combate, tienen relación inmediata con la efectividad de nuestros derechos fundamentales, pero eso será materia de otra intervención en este Blog; en este momento, sólo deseamos expresar nuestras condolencias a la familia de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, manifestando nuestra más profunda solidaridad y fraternidad como hermanos universitarios. Asimismo, invitamos a todo el público a consultar las distintas redes que se han creado en torno al problema de la inseguridad que se vive en nuestra ciudad. Que en paz descancen las personas inocentes caídas este fin de semana.