En el país de los tuertos, anda con un ojo cerrado
Alejandro Jodorowsky
Se ha creado un debate intenso en los medios de comunicación acerca del Caso de Rubí Marisol Frayre, principalmente como consecuencia del asesinato de su madre Marisela Escobedo (frente al mismo Palacio de Gobierno de Chihuahua) quien se volvió una intensa activista, para exigir justicia en el caso de su hija, la cual fue presuntamente asesinada por su pareja, el señor Sergio Barraza Bocanegra.
La prensa se ha volcado contra los tres jueces, Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Netzahualcóyotl Zúñiga, que dictaron sentencia absolutoria al presunto culpable el año pasado. El debate sostenido por la sociedad en general ha sido encontrar culpables. Declaraciones inmediatas al asesinato de la activista no se hicieron esperar de parte de políticos, el mismo Presidente criticó la labor judicial advirtiendo que el asesino había salido libre por simples “formalismos”, advirtiendo que existían juzgadores de “verificadores de requisitos”. Pocos días después, la Comisión de Derechos Humanos de ese Estado solicitó juicio político para los juzgadores ante el Congreso de aquél Estado. Solicitud que fue admitida por los Diputados y está siendo procesada.
Los jueces pertenecen a un Tribunal Oral en Chihuahua. Estos han responsabilizado al Ministerio Público por no haber integrado la averiguación previa y aportar elementos suficientes para demostrar la culpabilidad del presunto asesino. En su defensa han afirmado: “Nuestra sentencia no causó ninguna de las dos muertes”. Se ha alegado con bastante firmeza que existe una confesión, los jueces han negado que exista dicha prueba en el expediente, incluso, han aportado pruebas para demostrarlo. Uno de los videos que más ha causado impacto e indignación en la sociedad es el perdón que pide el presunto culpable a la madre de Marisol por algo que no puede reparar, sin embargo, no refiere por qué exactamente.
Nos encontramos ante un caso que a primera vista se antoja complicado. Sin embargo, pudiera ser más común de lo que sucede en la realidad cotidiana. En México han existido casos espeluznantes, en donde los culpables han pasado años en prisión, y después han salido libres porque las confesiones rendidas ante el Ministerio Público habían sido parte de todo un entramado de mentiras oficialistas, tal es el caso de genocidio ocurrido en Acteal y la sentencia dictada por la Suprema Corte apenas el año pasado exonerando a decenas de indígenas porque no existían pruebas evidentes de su participación en los homicidios, donde se destapó la cloaca de suciedad en la que están inmersos la mayor parte de los operadores del derecho en el país.
Encontrar culpables o señalarlos resulta bastante sencillo, cualquier político lo suficientemente mediocre puede hacerlo, incluso algún ciudadano promedio que se encuentre harto de las condiciones económicas, sociales o políticas en el país. El sistema político autoritario en nuestro país todavía a finales del siglo pasado, funcionaba a partir de la creación de culpables, chivos expiatorios y mentiras oficiales. Esta cultura de autoritarismo fue transformando progresivamente las reglas del juego político, y entre ellas, también se encontraba la del sistema judicial.
La reforma constitucional en materia penal de 2008, consagró la obligación para todos los Estados de la República tener un sistema acusatorio penal para juzgar a los presuntos culpables. Qué mejor pacto que la Constitución para afianzar las responsabilidades de cada quien. El sistema penal oral lleva consigo una exigencia tremenda: que cada quien haga su trabajo, y que lo haga bien. Pues de lo contrario, la transparencia y publicidad de las mismas decisiones ponen en evidencia a quien comete errores. Quien acusa, debe probar, quien prueba, acusa, y si no acusa, quiere decir que no tiene con qué probar. Mientras quien defiende, puede callar y no admitir. Es un juego más o menos parecido al que observamos en las series norteamericanas del sistema penal. Y léase algo bastante interesante en estas misma cultura, quien comete un error lo paga, y demasiado caro, así sea el perito que examinó la prueba más minúscula de la cual la defensa extrajo una duda razonable para sembrarla en la conciencia del jurado o sea el mismo Ministerio Público que reunió mal las pruebas. Es decir, quien exige es la sociedad y la transparencia juega aquí un papel determinante. Los medios acechan a quien comete errores, no dejan de presionar, haciendo incluso juicios mediáticos de los casos judiciales. Dicho en términos simples, quien hace mal, le va mal.
Preguntamos, ¿qué es lo que hace este caso tan emblemático? ¿el asesinato de la activista Marisela Escobedo? ¿el perdón público por una razón que desconocemos pero que la prensa y gran parte de la sociedad ha inferido que se trata de un perdón por el homicidio? Las pruebas que existen en el expediente judicial y que fueron llevadas a juicio oral fueron, según los jueces de la causa, versiones contradictorias de testigos de oídas, quienes declararon que Sergio Barraza les confesó el crimen, pero no consta alguna confesión rendida ante el Ministerio Público o ante los jueces. El Código Procesal Penal de Chihuahua, y no es por ser legalista, pero la mayor parte de los Códigos en el mundo dicen lo mismo, para que una confesión sea válida, requiere ser hecha mediante un reconocimiento expreso, ante el Ministerio Público o ante el Juez, y en presencia de su defensor. Estas son reglas elementales de derechos fundamentales que cualquier estudiante de segundo año de derecho sabe. Incluso podríamos decir que hasta un político estaría obligado a saberlo.
Ante el juicio mediático iniciado ¿qué hacer? Ante la condena unánime de una sociedad hastiada de feminicidios ¿a quién exigimos responsabilidades? Los jueces de manera muy osada se han atrevido a transparentar pruebas, elementos materiales que obran ya no solamente en un expediente escrito, sino lo que ocurrió ante sus ojos con el desarrollo del juicio oral penal. Nos preguntamos, ¿por qué no exhibir de igual forma las audiencias en donde el Ministerio Público presenta sus alegatos ante el juez y demuestra paso a paso la presunta culpabilidad del supuesto homicida con las pruebas que dice tener o haber aportado? Es como si acudiéramos al cine y calificamos una película de horrible únicamente viendo el final de la misma. No criticamos los juicios mediáticos, incluso los alentamos. Es saludable para una sociedad democrática, la formación de una opinión pública responsable, pero esto implica también obligaciones. La de estar informado sobre lo que sucede con las cuestiones públicas y como suceden esos procesos, ya sean administrativos o judiciales.
Los jueces han salido a defenderse, han mostrado la cara, se han atrevido a enfrentar la verdad a partir de una triste realidad de impunidad que se vive en el país. Al que no hemos visto aportando pruebas es al Ministerio Público, quien curiosamente depende directamente del Gobernador del Estado de Chihuahua, y el cual de manera curiosa, no ha lanzado una acusación pública directa en contra de aquél. Siempre que se habla de Ministerio Público en nuestro país es preciso abordar el tema de la impunidad. Porque expertos han reconocido que el corazón de la impunidad, reside en el Ministerio Público (ZEPEDA LECUONA, Crimen sin Castigo, FCE, 2008). Sin embargo, para políticos como el Presidente de la República en su combate al crimen organizado, se trata en muchas ocasiones de “meras formalidades”, cuando tristemente los datos nos indican que los delincuentes más peligrosos han salido libres por haber sido mal integradas averiguaciones previas por el Ministerio Público o la aportación de pruebas, o confesiones forzadas, o torturas. Efectivamente, simples formalismos que en un Estado Democrático se permiten. Y aún peor, la incapacidad de una Suprema Corte de Justicia de la Nación para atreverse a analizar el fondo de las cuestiones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos en el combate al crimen organizado (situación demostrada con la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Organismos Internacionales en contra de los abusos del las fuerzas militares en nuestro país).
Esta es la justicia ciega de México, de irresponsabilidad colectiva, sin capacidad para exigir responsabilidades a la administración y procuración de justicia. Los restos de un sistema autoritario que creímos dejar atrás hace mucho tiempo y que cada vez se asoma cuando se destapa una cloaca como esta. Así es la justicia ciega de México. Como diría Alejandro Jodorowsky, “En el país de los tuertos, anda con un ojo cerrado”.
