Lo que ocupa a todos los vivos y los tiene sin aliento es la necesidad de asegurar su existencia. Una vez hecho esto, ya no se sabe qué hacer. La vida es un mar lleno de escollos y remolinos, que el hombre sólo evita a fuerza de prudencia y de cuidados, por más que sabe que si consigue librarse de ellos con su habilidad y sus esfuerzos, a medida que avanza, no puede, sin embargo, retardar el grande, el total, el inevitable, el irremediable naufragio, la muerte, que parece correr delante de él. Ése es el fin supremo de esa laboriosa navegación, peor para el hombre infinitamente que todos los escollos de que se ha librado.
Dolores del mundo, Schonpenhauer.
El día de ayer, nos enteramos por distintos medios de comunicación y comunicados de prensa por parte del Gobierno Federal, de la muerte de dos personas en el Estado de Nuevo León por militares del ejército mexicano. Se trata del Sr. Vicente de León Ramírez, de 52 años de edad, y su hijo, Alejandro Gabriel León Castellanos, de 15 años. La causa de la muerte: no haberse detenido en un retén militar. Al respecto, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa, en una entrevista realizada el día de hoy expresó: "El militar su tarea es estar en el retén y que ningún vehículo pase sin ser revisado, desgraciadamente pasó esta tragedia que debe ser investigada por la autoridad competente donde fallecieron dos personas". Sobre este punto, nos surgen bastantes interrogantes sobre las que ya hemos mostrado nuestro descontento en otras ocasiones, básicamente son las siguientes.
¿Al mando de quien está la fuerza militar que actúa en estos operativos? ¿Qué leyes, reglamentos y tratados fundamentan el uso de la fuerza pública civil y militar en estos operativos? ¿Tiene la autoridad que organiza estos operativos un protocolo preestablecido y bien diseñado para el uso de la fuerza? ¿Qué significa no dejar pasar a ningún vehículo? ¿implica el uso letal de las fuerzas armadas? ¿Se obliga a los militares a hacer uso de la fuerza letal a aquéllos vehículos que no se detengan en dichos puestos de revisión? ¿quién da las órdenes y bajo que protocolos se guían? y en caso de existir, ¿son públicos? ¿cada cuando los publican?
Sabemos por precedentes constitucionales (acción de inconstitucionalidad 1/96), que la autoridad militar puede intervenir para el combate de la criminalidad, siempre y cuando permanezca en todo momento a las órdenes de la autoridad civil, aún cuando el artículo 129 de la CPEUM pudiera intentar decir otra cosa. Sin embargo, dada la declaración política de guerra (puesto que no puede declararse la guerra constitucionalmente hablando a un poder ilegal y de facto) al crimen organizado y al narcotráfico, realizada por el Presidente Constitucional de México, el empleo de la fuerza militar ha sido cada vez más recurrente como política de combate a estos grupos delictivos.
Estamos de acuerdo parcialmente con las actividades progresivas de empleo del ejército en estas actividades, sin embargo, con lo que disentimos profundamente, es con las medidas desproporcionales, innecesarias e irracionales que son tomadas en muchas ocasiones por el ejército mexicano, especialmente cuando se trata de puestos de revisión. Recordemos que en el Estado de Nuevo León, ya han ocurrido otras muertes, bajo el mismo supuesto de no detención cuando se trata de puestos de revisión. Dicho esto, volvemos a la interrogante inicial: ¿de quienes reciben ordenes los militares que hacen uso de la fuerza letal en contra de familias que transitan en sus vehículos y que desobedecen una señal de alto de parte de las autoridades que realizan estos operativos? ¿constituye sólo un error o es la política de Estado de combate de no dejar pasar a ningún vehículo sin revisar? ¿constituyen las ráfagas de fuego constantes e incluso de provocar la muerte una medida proporcional y necesaria para preservar la seguridad nacional y la de todos los habitantes de nuestra República? ¿se guían por lo menos bajo los estándares de la causa probable o hacen uso del Protocolo del uso de la Fuerza Pública de la ONU, signado y ratificado por el Estado mexicano?
De acuerdo al comunicado emitido el día de ayer y hoy por el ejército y la Presidencia de la República, ésto constituyó un error, uno de esos errores fatales de esa buena voluntad que pretende acabar con el temor e inseguridad de los millones de personas que habitamos México. Nuestro comandante supremo pidió disculpas; el ejército también, sin embargo, desde nuestra perspectiva, no es suficiente, necesitamos juzgar a los culpables, pero no solamente a los militares que cometieron los supuestos "errores", ya que ellos actúan obedeciendo órdenes directas y sin contemplaciones, esa quizá sea nuestra principal interrogante: ¿quien emite la orden de disparar a matar a un grupo de civiles, a una familia indefensa y que por un descuido y por la fatalidad del bien de esas políticas públicas del gobierno de cero tolerancia, perdieron la vida? Eso debería ser la verdadera transparencia, el saber y estar conscientes el cómo estamos combatiendo al crimen organizado, para estar preparados para lo que viene, y no la demagogia oficialista de publicidad conmovedora dirigida al morbo carismático de la gente que teme por su vida casi a diario en esta inseguridad colectiva. Dicen que en la guerra todo se vale, si es así el pensamiento de quienes dirigen a las fuerzas armadas en su lucha en contra del crimen organizado y el narcotráfico, queremos decir que nos dan lástima y nos causan repugnancia, una política de estado sin reglas, es igual de inseguro que la misma inseguridad que pretenden combatir.
