El ocho de abril de este año, el Senado de la República aprobó una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Esta reforma es quizá una de las más ambiciosas desde la misma Constitución de 1917 y anteriores.
En la misma, se contempla poner al día a nuestra Constitución en materia de principios interpretativos de los derechos humanos. Lo cual implicará, sin duda alguna, un reto bastante significativo para todos los jueces e incluso cualquier autoridad en este país, en caso de aprobarse dicha reforma, estarán obligados a interpretar conforme a nuestro texto fundamental todos sus actos, a fin de no vulnerar o restringir los derechos fundamentales. Esperemos, por el bien de nuestro sistema de derechos, que esta reforma pase sin problema alguno por la Cámara de Diputados, y ésta a su vez, sea aprobada. Y sobre todo, quizá lo más recomendable, sea que los abogados, tal y como actualmente están acostumbrados a percibir el derecho en nuestro país, vayan modificando progresivamente y superando el paradigma formalista del derecho, a partir de una concepción más flexible y amplia, que dote a nuestras instituciones de un mínimo sentido de confiabilidad y justicia.
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