La injusticia ¿también es derecho?

El día de hoy nos enteramos por la prensa (Diario el País), del proceso que se le está llevando a cabo a uno de los jueces más respetados y de mayor autoridad moral en España por el delito de "prevaricación". De inmediato que supimos de esta situación, acudimos al diccionario para saber que es lo que significa gramaticalmente este delito. Encontramos lo siguiente: delito consistente en dictar a sabiendas una resolución injusta una autoridad, un juez o un funcionario. Posteriormente acudimos al Código Penal Español, que en su artículo 404 dice: "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".

En ambas definiciones está explícito un elemento: la suposición de una resolución injusta o una actuación calificada de "injusta". Dicho calificativo resulta bastante fuerte y con un alto contenido moral que sin duda alguna, nos lleva a una cuestión bastante controversial: un delito por el cual un servidor público es juzgado a sabiendas que comete una "injusticia". Con el paso del tiempo, el Tribunal Supremo de aquel país ha delineado los criterios por medio de los cuales ha considerado que se comete dicho delito, destaca la sentencia 674/1998, por medio de la cual se podía incurrir en ese tipo penal como un delito de comisión por omisión.

Al juez Baltasar Garzón se le acusa de no respetar una Ley de Amnistía en favor de los servidores públicos que participaron en los crímenes durante el franquismo, motivo por el cual pretenden encuadrar esa omisión (así lo suponemos) con el referido delito. Numerosos grupos de personas en la península ibérica han manifestado su desprecio hacia el proceso que se le está llevando a cabo a este juez, creando incluso Grupos de apoyo en las redes sociales de mayor influencia.

Desde este pequeño espacio, manifestamos nuestro apoyo a uno de los jueces con mayor honorabilidad y con los suficientes arrojos (por no decir otro calificativo más fuerte) que se ha atrevido a llevar a juicio a políticos corruptos, genocidas, terroristas y empresarios corruptos. Sin duda alguna, en el duro andar de la justicia se pisan bastantes intereses. Coincidimos con la opinión unánime de la prensa crítica y de aquellos que les tocó vivir de manera directa o indirecta el franquismo, cuando expresan que sería más justo llevar a proceso a todos aquellos jueces que no han tenido las suficientes agallas para condenar y juzgar los crímenes de lesa humanidad, que por cierto, son ahora quienes llevan al juez Baltasar Garzón al banquillo de los acusados.

Sin duda alguna, se trata de un caso controversial, en donde los principios de justicia y la legalidad (respeto a la Ley de Amnistía) estarán en colisión, recordemos el caso de los centinelas del muro de Berlín en Alemania y la aguda y extensa crítica positiva realizada por los filósofos del derecho Robert Alexy y Luis Vigo a favor del Tribunal Constitucional Federal Alemán y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos donde se resolvió el caso, en donde se encontraban en colisión precisamente el derecho a la seguridad jurídica (no retroactividad de las leyes penales en perjuicio del inculpado) frente al principio material de justicia. Por lo pronto, esperemos por las miles de personas que han padecido de la arbitrariedad de gobiernos totalitarios, y sobre todo por aquellas familias que siguen clamando por justicia, por toda la familia humana, esperemos que la resolución definitiva por los tribunales de aquél país, rectifique y declare finalmente que la injusticia extrema, no puede seguir siendo derecho.

AVDF